Conforme el art. 31 de la ley 27360, que aprobó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, una tutela jurisdiccional efectiva en procesos con personas adultas mayores debe ser diferenciada, lo que requiere la implementación de técnicas que, muy atentas al tiempo y a la duración razonable, sean adecuadas del mejor modo posible al derecho material de que se trate y a las circunstancias de personas, tiempo y lugar del caso concreto.

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