El derecho ambiental argentino ha dado un tratamiento calificado a las políticas ambientales: impone que dentro de sus procesos de conformación y ejecución se abran espacios de participación ciudadana. Ello supone un posicionamiento dentro de la teoría de la democracia que tiene implicancias prácticas sobre toda la actividad estatal relacionada con tales políticas. En ese marco, el trabajo que sigue analizará los efectos de esa especial calificación sobre la legitimación del abordaje jurisdiccional de los conflictos con políticas ambientales. Defenderá al proceso colectivo como un ámbito propicio para dirimirlos y se enfocará en una de las adaptaciones procesales necesarias para engranar suficientemente la tutela ambiental con el derecho a la participación ciudadana en políticas ambientales.

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