Síntesis de la propuesta: El instituto bajo análisis presenta dos caras: 1) constituye un medio probatorio extraordinario, del que se podrá valer el órgano acusador para iniciar o profundizar una determinada investigación; y 2) amplia el territorio del derecho de defensa del imputado. A partir de su decisión libre y voluntaria el imputado amplía el campo de su derecho de defensa al contar con un mecanismo que le permite reducir la futura pena a partir de un aporte de información eficaz para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos (art. 7). El acceso a la delación premiada ha de transformarse, para el imputado, en una de las “garantías judiciales” del artículo 8°, párrafo 2 inciso c), además del derecho a ofrecer y producir prueba del inciso f), ambos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta manda claramente concede al imputado no sólo el tiempo sino “los medios” para preparar su defensa. La “colaboración eficaz” se ha transformado en “un nuevo medio para el ejercicio de la defensa”, que el imputado podrá elegir, acceder y usar en su beneficio, siempre y cuando se cumplan en el proceso los principios y formalidades que rodean el instituto y su aplicación efectiva. Lo prohibido por la Constitución Nacional es compeler física o moralmente a una persona con el fin de obtener comunicaciones o expresiones que debieran provenir de su libre voluntad, pero no incluye los casos en los que la evidencia es de índole material o es producto de la libre voluntad del imputado.

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