Los tratados -bajo la forma de pactos, convenciones, protocolos- y otros instrumentos -declaraciones, normas mínimas, directrices, plataformas de acción-, constituyen una hoja de ruta para los diferentes órganos del Estado en el diseño y ejecución de su política pública -hoja de ruta de la cual no pueden apartarse debido a que el fin del Estado no es otro que el respeto y la garantía de los derechos humanos-, y fuentes jurídicas (ya primarias, ya secundarias) que han de utilizarse por las entidades judiciales por la aplicación del llamado “control de convencionalidad”, por un lado como una forma efectiva de hacer justicia material, y -adicionalmente- a los efectos de evitar que un órgano de supervisión internacional llegue a determinar la responsabilidad del Estado por una o más violaciones a los derechos humanos.

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