La ponencia ofrece como propuesta efectuar una revisión mesurada de las prácticas procesales judiciales que se han adoptado con motivo de la aplicación a los juicios ejecutivos de las reglas generales de protección del derecho de consumo, para exponer como -pese a sus buenas intenciones- la modificación de las reglas creadas sin ponderar los principios sobre las que fueron concebidas puede conspirar contra aquellos derechos que se buscan resguardar. Se enfatiza como conclusión que la adecuada gestión de los procesos resulta más eficiente para la protección de los derechos de los consumidores que la aplicación de criterios generales que modifiquen las normas procesales sin una medición precisa de sus consecuencias.

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