Optar por la innegable y necesaria calidad argumentativa del derecho como el mejor modo de lograr una decisión judicial -realmente justa- implica, también, asumir los riegos que la argumentación genera en términos del poder y de la discrecionalidad con que cuentan los jueces en el contexto del Estado de Derecho constitucional. El propósito de estas líneas es ensayar propuestas concretas tendientes a reducir tales riesgos y a dotar a la sociedad de las personas ética y académicamente mejor formadas para decidir los conflictos judiciales, brindando razones válidas, es decir, justificando sus decisiones.

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