El control de constitucionalidad es potestad y deber constitucional del Poder Judicial y así debe ser reconocido por los otros poderes y por la ciudadanía. La declaración de inconstitucionalidad pronunciada por el Poder Judicial tiene trascendencia y proyección en las condiciones actuales del sistema de control de constitucionalidad y de control de convencionalidad, sin que sea necesario reforma legislativa para su pleno ejercicio.

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