En los ámbitos de las relaciones de consumo y la protección del consumidor como derecho constitucional y derecho humano, es indispensable que exista una competencia exclusiva de tribunales especializados en la materia, que se encuentren integrados por actores del poder judicial capacitados en la aludida disciplina y por sobre todo tengan como eje principal los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Es sabido que en esta etapa de posmodernidad que atravesamos, caracterizada como “sociedad de consumo”, se observa muy nítidamente un desequilibrio de fuerzas entre consumidores y proveedores, generada por la vulnerabilidad estructural en que se encuentran, y provoca que las relaciones de consumo sean esencialmente asimétricas, y merecedoras de un amplio sistema protectorio a tenor de las normas constitucionales, subrayado por los acuerdos y pactos internacionales suscripto por nuestro país.
Consecuentemente, esta ponencia se centra en la necesidad de tribunales con competencia exclusiva para la protección de quienes suscriben contratos de consumo y los terceros involucrados, conformados por operadores jurídicos que gocen de la suficiente aptitud y experticia para concretar los principios que rigen en la materia.

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