La propuesta debería ser legislativa y tener como centro las variables y necesidades del conflicto en torno a la diagramación de la política pública. También debería ser consistente y razonada, de modo de poder trasladar los instrumentos necesarios para resguardar los principios y garantías involucrados en este subsistema en particular. La seguridad jurídica está en juego en esa tarea. Su aspecto más débil, actualmente, es la carencia de reglas claras, conocidas de modo previo a que el litigio de política pública empieza a avanzar.

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