Partiendo de considerar que el Juicio por Jurados no sólo es una forma de participación popular en la administración de justicia, sino también –y fundamentalmente– una garantía procesal constitucional de los ciudadanos, por la presente ponencia se pretende analizar –a la luz del paradigma de la “protección integral”– si tal instituto ha de ser necesariamente implementado en el Fuero Penal Juvenil, o bien si su regulación en este ámbito redunda una mera facultad. En su caso, se intentará dilucidar si la ordenación de esta especial forma de enjuiciamiento resulta conveniente o bien contraria a los principios y finalidades propios del derecho penal minoril.

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