1. Presentación: La necesidad de ampliar el debate sobre la etapa intermedia.
Los sistemas procesales penales latinoamericanos adolecen de una discusión profunda sobre las implicancias de la etapa intermedia como una instancia de control sustantivo de la acusación. En gran medida, se debe a que las reformas ocurridas en la región en las últimas décadas priorizaron la regulación de la oralidad en el juicio y relegaron su introducción a las fases previas.
Por lo mismo, nos encontramos frente a estructuras procesales con muy poca experiencia en la litigación durante la etapa preparatoria del juicio y ante desarrollos académicos y jurisprudenciales que lentamente comienzan a visualizar que se trata de una audiencia central del modelo acusatorio. Sobre la importancia de esta etapa, Binder afirma que “muchas de las grandes decisiones de política procesal que le dan carácter al proceso penal pasan por ésta fase intermedia y por el modo concreto como se controla el resultado de la instrucción”3. En efecto, entiendo que aquí radica una de las áreas centrales de trabajo de un sistema procesal, puesto que consiste en el último filtro del procedimiento para arribar a un acuerdo o depurar la información que ingresará al juicio.
En la discusión sobre el control de la acusación ha primado una mirada legal o normativa, en ausencia de un tratamiento práctico sobre los alcances del rol del juez, la preparación del caso de las partes, la litigación estratégica de la prueba y la centralidad técnica de esta etapa para el conjunto del sistema judicial. En cada uno de estos puntos subyacen tradiciones probatorias históricas que aún no se han manifestado con claridad. Es por ello que se vuelve necesario ampliar el marco de análisis y profundizar una mirada estratégica sobre la fase intermedia.
En lo que sigue, este trabajo estará orientado por tres interrogantes: ¿cuáles son las razones políticas y procesales para realizar una audiencia de control de la acusación?, ¿cómo se encuentra legislada la etapa intermedia en los códigos procesales penales vigentes en los países de América Latina? y ¿cuáles debiesen ser los criterios de admisibilidad probatoria en esta etapa?

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