Proponemos que debe alzarse como conclusión de esta Comisión del Congreso, por la magnitud que ello representa y ante la ausencia de una Ley que así lo establezca, que debe ungirse de obligatoriedad a los precedentes judiciales de los que surja una doctrina constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de consolidar un sistema de administración de justicia dotado de un mayor grado de seguridad jurídica y cuyas respuestas ante situaciones análogas resulten ecuánimes. En esa inteligencia, planteamos repensar dos posibles reformas paradigmáticas, una política y una legisferante –y meramente funcional-. La primera, refiere a un cambio de conciencia respecto de las facultades conferidas a la Corte como órgano superior del Poder Judicial, y la segunda, algo más pragmática, la instauración de dicha obligatoriedad en una norma escrita.

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