XXVII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL

Conclusiones finales de la Comisión de Derecho Procesal Constitucional

 

Autoridades

Presidente: Dr. Guillermo Barrera Buteler
Vicepresidente: Dr. Mario Masciotra
Vicepresidente: Dra. Claudia Sbdar
Vicepresidente: Dr. Carlos Valdez

La Subcomisión 1 “Ejecución de las sentencias contra el estado”, ha arribado a las siguientes conclusiones:

1. La ejecución de sentencias contra el Estado debe armonizar un razonable equilibrio entre los intereses del justiciable y los del Estado, confiriendo prioridad a las pretensiones de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

2. Para asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva, la ejecución de sentencias contra el Estado, debe producirse de modo integral y dentro de un plazo razonable.

Ponentes: Dr. Jorge A. Rojas – Dr. Pablo Perrino
Secretarios: Dr. Federico Valdez – Dr. Miguel Robledo

 

La Subcomisión 2 “Eficacia de las sentencias de la CSJN”, ha arribado a las siguientes conclusiones:

1. El debido proceso implica una sentencia útil lo que demanda su cumplimiento, en tiempo y forma.

2. Deviene esencial dilucidar el alcance de un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distinguiendo si aquel se refirió o no, a un caso en el que fue parte el Estado Argentino.

3. En el sistema de control de constitucionalidad argentino, en principio, los fallos de la CSJN no son obligatorios, sin embargo su apartamiento exige de una fundamentación suficiente y adecuada.

Ponentes: Dr. Renato Rabbi Baldi – Dra. Silvia L. Esperanza
Secretarios: Dra. Paula Imbrogno – Dr. Victorino Solá Torino


La Subcomisión 3 “Ejecución de sentencias en litigios estructurales y complejos. La eficacia del Poder Judicial en el control de políticas públicas”, ha arribado a las siguientes conclusiones:

1. Resulta conveniente para la adecuada resolución de litigios de reforma estructural y compleja, establecer mecanismos idóneos para lograr su eficacia.

2. Cuando la sentencia exhorta a cualquiera de los otros dos poderes la implementación de una política pública, debe resguardar la garantía institucional de división de poderes.

3. En aras de efectivizar los pronunciamientos judiciales exhortativos, resulta imprescindible fortalecer el diálogo del poder judicial con los otros poderes y arbitrar mecanismos eficientes de control.

 

 


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