XXVII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL

Córdoba, 18, 19 y 20 de septiembre de 2013

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DERECHO PROCESAL CIVIL

Presidente: Dr. Roland Arazi
Vicepresidentes: Dres. José Luis Pasutti; Roberto Loutayf y Emilio Horacio Albarenga


Subcomisión 1.- Efectividad de la ejecución de la sentencia en los procesos de conocimiento y en los juicios ejecutivos

Secretarios: Dres. Juan Manuel Hitters y Ricardo Monfarrell

Ponentes generales: Dres. Enrique Falcón y José María Salgado

1.- La etapa de ejecución de sentencia en su estructura normativa actual no satisface los recaudos de eficiencia ni eficacia acorde con los requerimientos modernos.

2.- La subasta electrónica como está prevista en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, surge como una modalidad adecuada porque permite agilizar el trámite y reducir una serie de inconvenientes como la publicidad, las conductas abusivas y los gastos.

3.- Debe preverse en los Códigos procesales la ejecución parcial de las sentencias, en las provincias que aún no la tienen legislada. Ella se configura si el condenado consiente algunos rubros de la condena, aun cuando ésta se encuentre recurrida. En este caso la ejecución es definitiva, diferenciándose de la provisoria.
Además se plantearon los siguientes temas:

1.- En el proceso de conocimiento posterior al juicio ejecutivo, el juez que entiende en aquél puede ordenar una medida cautelar de no innovar (suspensiva de la ejecución) en caso de que se acredite un pago no documentado.

2.- En los juicios de desalojo, en que se constate la existencia de menores, el juez debe dar inmediata intervención al Asesor de Menores, evitando que esa intervención constituya un obstáculo dentro del proceso de ejecución de la sentencia.

3.- En los procesos de ejecución resulta conveniente la adopción de ciertos institutos que permitan conocer los bienes del ejecutado, tales como la manifestación de éste bajo juramento o la investigación oficiosa del juez. Ello, a fin de hacer más eficiente la ejecución.



Subcomisión 2. Ejecución provisoria de la sentencia

Secretarios: Dres. Ariel Parellada y Rodolfo González Zavala

Ponentes generales: Dres. Eduardo De Lázzari y Sergio Ferrer

1.- Resulta conveniente adecuar los ordenamientos procesales para consagrar la ejecución provisoria de sentencias sujetas a recursos.

2.- Las garantías constitucionales, los tratados internacionales y el respeto a los principios de igualdad, celeridad, economía, instrumentalidad y flexibilidad de las formas, entre otros, brindan marco adecuado para el desarrollo argumental de la ejecución provisional.

3.- En un marco anticipatorio, signado por el imperativo de realizar el derecho reconocido en una resolución, aun con la legislación procesal vigente, es viable la ejecución provisional, en casos de urgencia o de evidencia palmaria e incontrastable.

Asimismo se señaló que en el Código Procesal Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan está expresamente prevista la ejecución provisional de la sentencia que podrá requerir la parte vencedora de una sentencia definitiva de condena, ofreciendo caución real (art. 168, inc. 9º, texto s/ley 8037).



Subcomisión 3.- Ejecución de sentencias y laudos en los procesos de consumo

Secretarios: Dres. Ariel Alejandro Germán Macagno y Julio Fontaine (h)

Ponentes generales: Dres. Andrea Meroi y Leandro Gianinni.

1.- Deben establecerse regulaciones especiales para el procedimiento de ejecución de sentencia en los litigios de consumo, propiciándose la “ejecución pura” con intimación al deudor.

2.- Se propone la específica regulación e implementación especial para el arbitraje en los procesos de consumo considerando que el sistema general de arbitraje no brinda adecuada respuesta en esos procesos.

3.- Desde el inicio del pleito debe diseñarse el modo en que será implementada una eventual sentencia colectiva, incluyendo mecanismos eficientes de liquidación y ejecución.

4.- Para los incidentes de ejecución individual de sentencias, el acreedor podrá optar por ejercer la acción ante el juez de su domicilio y no ante el del proceso principal, si éste se encuentra en otra jurisdicción territorial.

5.-Cuando por el anonimato, la indeterminación o el desinterés de los afectados en reclamar sus acreencias, la conducta ilícita quedaría impune, debe preverse la creación de fondos especiales de reparación.

6.- Los acuerdos transaccionales colectivos sólo pueden homologarse si se presentan ciertas condiciones subjetivas y objetivas que permitan afirmar que el acuerdo es justo para el grupo

 

 


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