Subcomisión 2: La vigencia de la garantía del ´doble conforme´ en el proceso penal

 

  1. Introducción y presentación a Cargo de la Dra. Susana Frascaroli
  2. Expuso la Dra. María Belén Salido.
  3. Expuso el Dr. Fernando Díaz Cantón.
  4. Se invitó a los ponentes presentes, haciendo uso de la palabra los Dres. Carlos Carnevale y Sabina Bilder, sobre su ponencia “La vigencia de la garantía del doble conforme frente a la primera sentencia condenatoria en segunda instancia en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires”.
  5. Se abrió el debate, haciendo uso de la palabra el Dr. D’Albora, quien formuló preguntas, que fueron respondidas por los Ponentes Generales.
  6. El Dr. Pedro Bertolino hizo algunas consideraciones, entre ellas: que advierte una “sobrevaloración” del fallo Casal; que este precedente puso en crisis la naturaleza del juicio oral mismo; que es imposible una revisión justa y completa del juicio oral, por más actas y filmación que existan. Habría que “reducir” la doctrina de Casal, “garantizar la garantía”, hacerla efectiva mediante un recurso rápido y sencillo. No hacer un “juicio del recurso”. Habló del “fraccionamiento de la justicia”, sosteniendo que las cuestiones en algún momento tienen que terminar.
  7. A continuación habló el Dr. Maier, quien formuló las preguntas que derivaron en un arduo debate, poniendo en tela de juicio por qué debe creerse en “Casal” y en “Mohamed”, cuestionando la autoridad de los fallos de la Coste Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el alcance del “superior”, entendido como superior en jerarquía, argumentando las consecuencias negativas de la delegación de funciones propia de las instancias superiores.
  8. Las conclusiones de la Subcomisión son las siguientes:
  1. En el ámbito del derecho al recurso del imputado contra el fallo condenatorio, nada puede quedar al margen del campo de revisión del tribunal superior encargado del control: no sólo las cuestiones de hecho o de prueba –tradicionalmente excluidas del ámbito de la revisión, pero hoy admitidas en ese campo-, sino también aquellas cuestiones que constituyen productos privativos de la inmediación –aún hoy relegadas a una posición marginal en esa instancia-, deben formar parte del material sujeto a impugnación, y consecuentemente, también del control por parte de un tribunal distinto y superior de aquel que emitió la decisión censurada.
  2. Planteada la cuestión acerca de si el órgano revisor debía ser de una jerarquía superior o de la misma jerarquía, se arribó a la conclusión, luego de un intenso debate que incluyó las opiniones de los ponentes particulares, de que lo relevante era la capacidad del órgano revisor para dejar sin efecto la resolución recurrida y no su nivel jerárquico. De todos modos, se destacó la importancia de que dicho tribunal revisor no forme parte del mismo órgano jurisdiccional controlado.
  3. La garantía analizada se debe proyectar también en el trámite del recurso, observándose en el mismo las garantías del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir garantizar el derecho a audiencia y a contar con los medios y el tiempo necesarios para la defensa, fijando plazos estrictos para evitar la prolongación indebida del trámite.
  4. La subsistencia del recurso acusatorio (se trate de la acusación pública o particular) contra la absolución implica, por diversos motivos, una inevitable expansión de éste, al ritmo de la necesaria expansión del recurso del imputado, violándose ya la garantía de la inmediación con la supresión del reenvío y asunción de competencia positiva para condenar, ya el ne bis in idem si se ordena el reenvío a nuevo juicio.
  5. La sentencia absolutoria debe considerarse firme desde el momento mismo de su dictado. Sólo debería proceder contra ella una acción impugnativa de revisión por algunos de los motivos del recurso de revisión previstos para el imputado en el derecho positivo vigente (los que dan lugar a la cosa juzgada fraudulenta). De lo contrario, se violará irremediablemente el propio derecho al recurso, debido a que la ampliación del derecho del imputado será neutralizada por la ampliación correlativa del recurso del acusador, violándose además la garantía de la inmediación, el ne bis in idem y el plazo razonable de duración del proceso.
  6. Sólo suprimiendo el recurso del acusador contra la absolución, se torna rentable, efectiva y no contraproducente la profundización del ámbito de vigencia del derecho al recurso del imputado. Por ello, la vigencia efectiva del derecho fundamental del imputado a recurrir el fallo condenatorio ante el tribunal superior implica la necesaria supresión del recurso acusatorio contra el fallo absolutorio.
  7. La definitividad de la decisión del tribunal ad-quem, que confirma la sentencia del inferioro la revoca y absuelve al imputado, es otro aspecto que estimamos consustancial a la garantía del doble conforme, ya que es una consecuencia necesaria delreconocimiento de las otras garantías que conforme al estándar internacional, deben rodear al derecho al recurso.
  8. Por lo demás, la intensidad de la revisión no debe ser acotada con fundamento en el principio de inmediación, en tanto ésta es una garantía que protege sólo al imputado.Los sistemas tecnológicos modernos que permiten la video-filmación del juicio en su integridad y la de todos los detalles del mismo, deben constituir el recurso para tornar viable la “par conditio” entre el órgano jurisdiccional revisor y el objeto sujeto a control.

 


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