XXIX CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL

Presidente: Gabriela María Bella
Ponentes generales: Alberto Binder - Cecilia Alida Indiana Garzón
Secretarios: Barbara Llinas, María Laura Molinari y Lorenza Elizalde

Conclusiones:

  • Las nuevas tecnologías informáticas y de las telecomunicaciones –entre otras- son temas de actualidad y del futuro, generan muchos interrogantes y la necesidad de replanteos. La tecnología no tiene límites, no conoce fronteras que la jurisdicción y la ley poseen.

Entre los interrogantes se planteó:

  • Si el sistema de garantías constitucionales y el sistema legal actual alcanzan a dar respuesta a los distintos problemas que se evidencian en los procesos, ya sea para la investigación en sus distintos momentos (el de la investigación preliminar y en el juicio propiamente dicho).
  • Si es aconsejable regular legislativamente las condiciones de control, plazo y resguardo de las fuentes probatorias, para evitar la manipulación de la información y falsificación de las mismas.
  • Si es necesario revisar los medios de prueba en su regulación actual?
  • Cuál es el alcance del principio de libertad probatoria?
  • Cuál es el límite de la analogía?
  • Qué es público y qué es privado y cuál es el límite?
  • Cuál es el papel de la información recopilada por los Servicios de Inteligencia?

Se entendió que:

  • La incidencia de la tecnología en todos los ámbitos de las relaciones, de las comunicaciones y dentro del proceso, replantea un cambio cultural importante que hace necesario repensar los paradigmas respetando el Estado de Derecho democrático.
  • Es cada vez más evidente que los hechos que se investigan dentro del proceso penal, pueden ocurrir en un espacio y entorno virtual, tales como el ciber-crimen, fraude de tarjeta de créditos, robo de identidad, etc, los cuales platean nuevos desafíos a nuestra legislación actual.
  • Es importante avisorar que estamos en una transición a lo virtual y las nuevas tecnologías. Ya que la incorporación de las redes y de la tecnología continuara incidiendo en el proceso penal.
  • Es necesario distinguir las tareas de inteligencia, prevención e investigación.
  • Se debe repensar las garantías en el derecho probatorio en juicio y repensarlas en clave de las nuevas tecnologías sin cercenar el derecho a la privacidad y la intimidad. 
  • Es necesario que los nuevos mecanismos, tanto procesales como de cooperación internacional aseguren la eficiencia en la investigación pero respetando las garantías constitucionales, jugando así un rol esencial en esta tensión que tienden a producir los medios tecnológicos en el proceso penal el principio de proporcionalidad.
  • Algunos entienden que los nuevos tipos de injerencias deben ser aprobados por la comunidad reunida en el parlamento a través de una ley. Sólo el pueblo a través de sus representantes debe decidir si resigna nuevos ámbitos de su intimidad o nuevas formas de invasión a ellos. Esto no se suple con normas abiertas, ni con la apelación a la analogía, prohibida cuando de coerción procesal penal se trata, ni con la sola intervención judicial: necesaria pero no suficiente.
  • Desde otra posición, se sostuvo que no era necesaria una regulación especial y que será tarea de los rumbos que marque la jurisprudencia en los distintos aspectos problemáticos que se susciten.

En definitiva:

  • Se coincidió que lo importante es armonizar la eficiencia en la reunión de información con el debido respeto de los derechos y garantías, dos caras de la misma moneda. Siendo necesario lograr un equilibrio entre la pretensión punitiva concreta y el sistema de garantías (proporcionalidad).

Propuesta del Dr. Alberto Binder: señaló la necesidad de reformular nuestro sistema de comunicaciones centralizando el control federal pero descentralizando la ejecución en las provincias.

 


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