En el actual contexto de transformaciones, observamos cómo la jurisprudencia y las reformas normativas, tras tres décadas de la reforma de nuestra Constitución, va adaptando los procedimientos para garantizar una tutela judicial efectiva. Nuestra suscripción a Tratados Internacionales nos obliga como Estado a promover su cumplimiento, lo que implica la necesidad de desarrollar herramientas que nos permitan mejorar el servicio de justicia, especialmente en lo que respecta a individuos en situación de vulnerabilidad.

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