El acceso a la información jurisprudencial es un derecho humano, cuyo ejercicio es uno de los primeros pasos para luego ejercer más eficazmente la abogacía.
En función del principio de apertura (art. 1 ley 27275), toda la jurisprudencia (al menos, la de los tribunales más influyentes por su jerarquía funcional) debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su descarga y procesamiento por medios automáticos y que permitan su reutilización según el método que elija cada usuaria/o. Tal como lo hace la Corte Suprema de la Nación y como no sucede de igual forma en la provincia de Buenos Aires.
Desde luego, siempre cumpliendo con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias, y nunca divulgando información vedada por leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales (art. 8 incs. i y k ley 27275.
Por eso, pedimos al Congreso Nacional de Derecho Procesal que auspicie la adhesión de todas a las provincias al régimen de la ley 26856 conforme la invitación que ésta contiene en su artículo 7, para que se pueda generalizar la implementación de métodos de difusión de la jurisprudencia completa en tiempo real, como el empleado por la Corte Suprema de la Nación.

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