La canalización del mandato preventivo a través del procedimiento monitorio permitiría lograr un razonable equilibrio entre dos valores centrales del ordenamiento jurídico. Estos son, por un lado, la necesidad de que la jurisdicción pueda actuar con celeridad para impedir la causación o agravamiento de un daño, y por otro el respeto del derecho de defensa de la persona a la que el mandato preventivo se encuentra dirigido.

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