La presente ponencia tiene por objeto postular que la actuación de la magistratura en la acción preventiva legislada en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación tiene una trascendente relevancia, a través del ejercicio de los deberes procesales vigentes, en particular el de dirección del proceso. Por otra parte se sostiene la eficacia de la reglamentación de fondo y se insta a la aplicación del proceso sumarísimo como mejor herramienta para la resolución de la causa.

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