El presente informe está orientado a analizar los conflictos que genera tanto a nivel normativo como práctico, el acceso transfronterizo de datos en los países de América Latina. O sea, aquellas investigaciones penales en las que resulta necesario el acceso a datos informáticos alojados en servidores ubicados físicamente en jurisdicciones diferentes a la de las autoridades que tienen a su cargo la investigación o sea en lugares en los que no cuentan con poderes jurisdiccionales (Ya sea que la información esté alojada en servidores en países extranjeros o, en el caso de países federales como Argentina o México, en servidores alojados en provincias en las que la autoridad que lleva adelante la investigación no tiene poder jurisdiccional).

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